viernes, 9 de mayo de 2008

FUERO SINDICAL DE TRABAJADORES OFICIALES


Al clasificarse los sindicatos, anteriormente no era posible en nuestra legislación el reconocimiento de los sindicatos de trabajadores, por razones de seguridad y de orden público. Esto siempre ha sido un problema al hablarse de trabajadores oficiales. En nuestro país, Colombia, empezamos con un artículo de la Constitución de 1886, el 44. A partir de 1936 se consideró que era necesario afianzar también, los derechos sindicales dentro de algunos sectores oficiales. En 1945 se admitió que podían formarse sindicatos dentro del servicio oficial, menos en las fuerzas militares, y en 1946 se señalaron las funciones de todos ellos.

Los sindicatos oficiales actualmente se dividen en dos grupos: a) Los de orden público y seguridad (militares y cuerpos armados), y b) Los demás trabajadores que no pertenezcan a los anteriores. En este último grupo hay una subdivisión que comprende:

- Los formados por funcionarios públicos propiamente dichos, o empleados oficiales, según el decreto extraordinario 3135 de 1968; Estos son las personas naturales que prestan sus servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales.
- Los formados por personas vinculadas a la administración por contrato de trabajo, o trabajadores oficiales, según el mismo estatuto. Estos los que prestan sus servicios a las entidades mencionadas, en la construcción y mantenimiento de las obras públicas, con excepción del personal directivo y de confianza que labora en dichas entidades.

1. Respecto de los de orden público y seguridad (militares y cuerpos armados): Las fuerzas armadas no son deliberantes; y en los sindicatos una de las finalidades específicas es deliberar, combatir, oponerse al empresario al gobierno. Su misión es guardar la seguridad interior y exterior del país sin inmiscuirse en las luchas partidarias o sectarias de ningún género. Por lo mismo resultaría extravagante que pudiera formar un sindicato, es decir, un organismo cuya esencia vital es la deliberación de la beligerancia, el combate y la lucha.

Además del ejército y la policía, la prohibición de formar sindicato se extiende a algunos cuerpos armados de la administración como el de Aduanas.

2. Respecto del segundo grupo debemos determinar la diferencia entre los funcionarios públicos y trabajadores oficiales.

Según el decreto 3135 de 1968, los trabajadores se dividen en funcionarios públicos o empleados oficiales, vinculados a la administración por un estatuto legal y reglamentario, y los denominados trabajadores oficiales, o sea, los vinculados por contrato de trabajo.

El artículo 414 del C.S.T. hace la distinción entre los dos sindicatos en relación con sus funciones.

El grupo de sindicatos de funcionarios públicos no tiene más que una función de asesoría y de aglutinamiento de sus trabajadores para ciertos fines precisos, pero en el terreno combativo del sindicalismo no tiene nada que hacer porque la celebración de convenciones colectivas, no se concede a dichos funcionarios. Estos tienen sus atribuciones señaladas en leyes y sus asignaciones son señaladas por el Congreso Nacional o por el Gobierno, según la reforma constitucional de 1968. Ellos no pueden forzar al Gobierno a modificar la estructura constitucional tras un pliego de peticiones.

Estos sindicatos tienen únicamente funciones técnicas y de petición:

1. Estudiar las características de la respectiva profesión y las condiciones de trabajo de sus asociados.
2. Asesorar a sus miembros en la defensa de sus derechos como empleados públicos, especialmente los relacionados con la carrera administrativa.
3. Representar en juicio o ante las autoridades los intereses económicos comunes o generales de los agremiados, o de la profesión respectiva.
4. Presentar a los respectivos jefes de la administración memoriales respetuosos que contengan solicitudes que interesen a todos sus afiliados en general, o reclamaciones relativas al tratamiento de que haya sido objeto cualquiera de éstos en particular, o sugestiones encaminadas a mejorar la organización administrativa o los métodos de trabajo.
5. Promover la educación técnica y general de sus miembros.
6. Prestar socorro a sus afiliados en caso de desocupación, de enfermedad, invalidez o calamidad.
7. Promover la creación, el fomento o subvención de cooperativas, cajas de ahorro, de préstamos y de auxilios mutuos, escuelas, bibliotecas, institutos técnicos o de habilitación profesional, oficinas de colocación, hospitales, campos de experimentación o de deporte y demás organismos adecuados a los fines profesionales, culturales, de solidaridad y de previsión, contemplados en los estatutos.
8. Adquirir a cualquier título y poseer los bienes inmuebles y muebles que requieran para el ejercicio de sus actividades.

Como se ve, estas funciones no son de tipo conflictivo, sino que se encuentran orientadas al desarrollo técnico y cultural de estas organizaciones, y muchas de ellas implican solamente el ejercicio del derecho de petición constitucionalmente garantizado a toda persona natural o jurídica, sobre cualquier punto o materia. Ello explica porqué el artículo 415 dispone que las funciones señaladas en el artículo 414, y que se han enumerado, implican para las autoridades, y en particular para los superiores jerárquicos respetivos de los asociados, la obligación correlativa de recibir oportunamente a los representantes del sindicato y de procurar la adecuada solución.

En cuanto a los trabajadores oficiales, vinculados por contrato de trabajo (actividades de obras públicas, de institutos descentralizados, etc), tenemos que si pueden formar asociaciones e ir a un conflicto colectivo y presentar pliegos de peticiones como cualquier sindicato.

Pero al igual que los funcionarios públicos, estos tampoco pueden ir a la huelga; esto los diferencia con los sindicatos de trabajadores privados.

Art. 416. “Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás, aun cuando no pueden declarar o hacer huelga”.

La restricción consagrada en la norma para los sindicatos de empleados públicos, sobre presentación de pliegos de peticiones y celebración de convenciones colectivas, tiene su sustento en el artículo 55 de la constitución, que garantiza el derecho de negociación colectiva para regular relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley.

Los empleados que según el Código Sustantivo del trabajo en su artículo 406 están amparados con el fuero sindical son:

- Los fundadores
- Los trabajadores por fuero de adherentes
- Los miembros de la junta directiva y subdirectivas
- Miembros de la comisión estatutaria de reclamos

Sin embargo, la ley 584 de 2000 le agregó a este artículo 2 parágrafos:

Parágrafo 1. Gozan de la garantía del fuero sindical, en los términos de este artículo, los servidores públicos, exceptuando aquellos servidores que ejerzan jurisdicción, autoridad civil, política o cargos de dirección o administración.

Parágrafo 2. Para todos los efectos legales y procesales la calidad del fuero sindical se demuestra con la copia del certificado de inscripción de la junta directiva y/o comité ejecutivo, o con la copia de la comunicación al empleador.

Son varias las tesis que se han expuesto en lo que refiere al fuero del empleado público.

El artículo 409 del C.S.T. exceptuaba el fuero sindical a los empleados públicos, así como a los trabajadores oficiales y particulares que desempeñan cargos de dirección, confianza o manejos, pero la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-593 de 1993, lo declaró inexequible en atención a que el artículo 39 de la CN le reconoce fuero a todos los representantes sindicales y por tanto el hecho de ser empleado público no le priva de ese privilegio.

Art. 39. Se le reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías para el cumplimiento de su gestión.

Según la Corte, la sola circunstancia de ser empleado público no es óbice para que una persona goce de fuero sindical. Sin embargo, la misma Corte advierte en la sentencia ya citada, que otras circunstancias sí pueden inhibir la existencia de ese fuero como sería el que el empleado ejerza cargo que implique jurisdicción, autoridad civil o política, o cargos de dirección administrativa. A ello se debió probablemente que el legislador profiriera en la ley 584/00, en su Artículo 12 parágrafo 1, el fuero sindical para empleado público, pero a la vez consagrara la excepción para aquellos servidores que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o política, o cargos de dirección administrativa.

Nota bibliográfica: CAMPOS RIVERA, Domingo, Derecho Laboral Colombiano, Editorial Temis S.A. Santa Fe de Bogotá-Colombia, 1997.